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Real Decreto 1029/2025 · Artículo 26

Real Decreto 1029/2025, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de matriculación de aeronaves civiles y por el que se modifica el Real Decreto 765/2022, de 20 de septiembre, por el que se regula el uso de aeronaves motorizadas ultraligeras (ULM).

Probablemente válido

En el BOE: Artículo 26 ↗
Norma: Real Decreto · 12/11/2025 · Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible
Tipo: Restricción de derechos

Argumento de nulidad

El mejor argumento de nulidad es que el art. 26.1 introduce causas extintivas de un estatus administrativo esencial (la matrícula, sin la cual la aeronave no puede operar como española) y no se aprecia en el texto aportado una norma con rango de ley que las prevea. La única habilitación del corpus es la DF 4.ª Ley 48/1960, que solo permite 'disposiciones relativas a la ejecución', un reglamento secundum legem, y no el establecimiento ex novo de causas de pérdida. Los arts. 29, 32 y 130, citados por el preámbulo, no están en el material aportado. Por eso no puede comprobarse si cubren causas de cancelación. Con la letra g) el ataque es más fuerte: la matrícula se pierde por una 'inexactitud, falsedad u omisión' de una declaración, con un efecto de pérdida de derechos que se parece a una sanción. Esto invita a invocar el art. 25 CE y el art. 27 Ley 40/2015, y un recurrente diría que el reglamento crea una consecuencia punitiva sin tipificar la infracción ni establecer un procedimiento sancionador con sus garantías. Con las letras c) y e), la pérdida de la matrícula por simple omisión de un trámite (un año sin instar el cambio, cinco años sin renovar sin pedir la baja) podría considerarse desproporcionada y sin cobertura legal expresa. Eso afectaría al contenido del derecho de propiedad del art. 33 CE, que según el art. 53.1 CE solo la ley regula. Este ataque tiene límites: la cancelación no es per se sanción, el procedimiento existe (apdo. 2) y la matrícula no es el dominio.

Texto legal clave

Se autoriza al Ministro del Aire para proponer al Gobierno o dictar, en su caso, las disposiciones relativas a la ejecución de la presente Ley (Ley 48/1960, DF cuarta)

Mejor defensa de la validez

Reglamento ejecutivo con habilitación legal expresa. El preámbulo invoca los arts. 29, 32 y 130 y la DF 4.ª de la Ley 48/1960. La DF 4.ª autoriza 'las disposiciones relativas a la ejecución de la presente Ley'. Regular cuándo se cancela de oficio una matrícula es contenido típico del desarrollo del régimen del Registro de Matrícula. La jurisprudencia admite la colaboración reglamentaria, incluso con habilitación genérica, siempre que no se innove materia reservada a la ley.
La cancelación no es una sanción. El art. 25.1 CE y el art. 27 Ley 40/2015 (tipicidad) protegen infracciones y sanciones. La cancelación de oficio es una medida registral de depuración y de restablecimiento de la legalidad, que no exige culpabilidad ni persigue un fin retributivo. Por eso la reserva de ley sancionadora no se activa por el solo hecho de que la medida sea gravosa.
Letra g): la consecuencia jurídica de la inexactitud, falsedad u omisión esencial en una declaración responsable tiene, previsiblemente, cobertura legal básica en el art. 69.4 Ley 39/2015. Ese artículo no figura en el corpus aportado y debe verificarse. Como el art. 16.2 del Reglamento alude a la declaración, el art. 26.1.g) se limita a trasladar al Registro un efecto que la ley ya prevé. Además, exige que el carácter sea 'esencial', lo que acota la medida.
Letras c) y e): la matrícula es una condición administrativa de nacionalidad y operación de la aeronave, no el derecho de propiedad. La cancelación no priva del dominio, que se rige por el derecho civil y su registro. La aeronave puede volver a matricularse si cumple los requisitos. No hay privación de bienes en el sentido del art. 33.3 CE, sino una delimitación del régimen de un registro administrativo.
Las causas son lógicas y vinculadas a la finalidad del Registro. Si no se actualiza la titularidad en un año, el Registro deja de reflejar la realidad. Si no se renueva la aeronavegabilidad en cinco años y no se pide la baja, la aeronave está inactiva, lo que enlaza con el régimen de aeronavegabilidad de Reglamento (UE) 2018/1139. Las causas de baja de oficio son habituales en registros administrativos y probablemente tienen continuidad con la regulación reglamentaria anterior del Registro, lo que debe comprobarse.
Hay procedimiento y garantías. El apdo. 2 prevé un 'procedimiento' de oficio con plazo máximo de seis meses, y se aplica supletoriamente la Ley 39/2015, con audiencia (art. 82). El plazo respeta el límite general del art. 21.2 Ley 39/2015. El art. 1.2 de la Ley 39/2015 permite al reglamento fijar especialidades de plazos, iniciación y terminación, que es todo lo que hace el apdo. 2. La premisa de la sospecha del triaje, 'sin procedimiento', es por tanto dudosa.
Control previo intenso: dictamen del Consejo de Estado n.º 625/2025, informe de AESA y de varios ministerios, y aprobación previa de Transformación Digital. Esto refuerza la presunción de legalidad, aunque no la blinda.

Quién podría usarlo

Sería invocada por titulares o poseedores de aeronaves cuya matrícula se cancele en aplicación de las letras g), c) o e), y quizá por arrendadores, financiadores o acreedores afectados. El plazo de recurso directo contra el Real Decreto (dos meses desde su publicación en BOE en noviembre de 2025, con corrección en diciembre de 2025) ya habría vencido a 30-10-2026. Solo cabría la impugnación del acto de cancelación con recurso indirecto (art. 26 LJCA) contra el reglamento, o una cuestión de ilegalidad (art. 27 LJCA), alegando falta de cobertura legal o carácter materialmente sancionador de la letra g).

Pendiente de comprobar

Texto vigente de los arts. 29, 32 y 130 de la Ley 48/1960 y de otros preceptos de la Ley 48/1960 y de la Ley 21/2003 sobre el Registro de Matrícula, que no constan en el corpus aportado. La DA 7.ª de la Ley 21/2003 aparece truncada.
Art. 69.4 Ley 39/2015 (efectos de la inexactitud, falsedad u omisión en declaración responsable) y a qué declaración remite exactamente el art. 16.2 del Reglamento, para confirmar la cobertura legal de la letra g).
Jurisprudencia del TS y del TC sobre la distinción entre sanción y medida de restablecimiento de la legalidad o de revocación por incumplimiento de requisitos, y sobre el alcance de la reserva de ley en la regulación de registros administrativos (art. 25.1 y 53.1 CE).
Si la regulación anterior del Registro (Decreto 416/1969 y modificaciones) ya preveía causas de cancelación de oficio equivalentes, lo que apoyaría la continuidad y la mera concreción.
Contenido del art. 16 (declaraciones) y del art. 25 del propio Reglamento, de la disposición transitoria y de las normas sobre audiencia, caducidad y efectos del silencio en el procedimiento de cancelación.
Observaciones del dictamen del Consejo de Estado n.º 625/2025 sobre este artículo y la corrección de errores de BOE núm. 301, de 16-12-2025, por si afectan al art. 26.
Relación con el Convenio de Chicago (nacionalidad y matrícula) y con el Reglamento (UE) 2018/1139 y su normativa de aeronavegabilidad continuada, que podrían justificar las letras e) y f).
Fecha de publicación exacta en BOE para confirmar el vencimiento del plazo de recurso directo (art. 46.1 LJCA) y la viabilidad del recurso indirecto (art. 26 LJCA) solo contra un acto de aplicación.