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Real Decreto 250/2025 · Disposición transitoria séptima

Real Decreto 250/2025, de 25 de marzo, por el que se aprueba el Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre y se regulan determinadas medidas de impulso de la evolución tecnológica de la televisión digital terrestre.

Probablemente válido

En el BOE: Disposición transitoria séptima ↗
Norma: Real Decreto · 25/03/2025 · Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública
Tipo: Restricción de derechos

Argumento de nulidad

El mejor argumento de nulidad es que un reglamento priva de efectos, ex lege y sin procedimiento individualizado, una habilitación que forma parte de las condiciones de explotación de los prestadores, y lo hace sin norma legal expresa que autorice esa modificación. El art. 28.1-3 LGCA sitúa las condiciones esenciales de la licencia en el pliego y en el título, y la DT 3ª del propio real decreto (según el triaje, no aportada) preveería que las modificaciones de títulos se acuerden de oficio y de forma reglada. Eso chocaría con una extinción por efecto directo del reglamento. Se añade que el art. 28.4 LGCA solo prohíbe «rebasar las condiciones establecidas en la licencia», no extingue habilitaciones adicionales ya otorgadas. Por último, el apartado 2 obliga a RTVE, Atresmedia y Mediaset a usar también su capacidad en el múltiple RGE2 para UHD, lo que podría afectar a terceros que compartan ese múltiple sin que estos intervengan en el acuerdo. El ataque es débil porque la extinción depende de la decisión voluntaria de los propios titulares, y porque la habilitación es creación del propio reglamento y transitoria.

Texto legal clave

«Las mejoras tecnológicas que permitan un mayor aprovechamiento del dominio público para la comunicación audiovisual no habilitarán para rebasar las condiciones establecidas en la licencia y, en particular, para disfrutar de un mayor número de servicios de comunicación audiovisual televisivos...» (art. 28.4 LGCA)

Mejor defensa de la validez

La extinción de la habilitación no es automática ni impuesta. La DT 7ª opera solo si la totalidad de los prestadores del múltiple «acuerdan de manera conjunta» evolucionar a DVB-T2/UHD (apartado 1, «podrán acordar»). La pérdida de la habilitación de 5 canales HD y el cese del simulcast son consecuencia de una opción voluntaria de los propios afectados. No hay restricción heterónoma de derechos y no hace falta procedimiento individualizado de revisión o restricción.
La «habilitación transitoria para la emisión de 5 canales de alta definición» no consta como derecho incorporado a la licencia. La crea el propio art. 7 del mismo real decreto y es transitoria por definición. Un reglamento puede configurar el alcance y el término de una habilitación que él mismo crea. No existe un derecho adquirido a la inmutabilidad de una habilitación reglamentaria transitoria ni a un régimen de uso del dominio público radioeléctrico.
El contenido mínimo de la licencia (art. 28.2 LGCA: ámbito territorial, número de servicios, tipo de emisión, abierto o condicional) no se altera. Tras la evolución se mantienen los canales y se emiten en UHD. Lo que cesa es el simulcast, que es capacidad adicional y transitoria, no un servicio licenciado.
La norma es coherente con el art. 28.4 LGCA. Las mejoras tecnológicas que permiten mayor aprovechamiento del dominio público no habilitan para rebasar las condiciones de la licencia ni para disfrutar de más servicios. Impedir que se acumule la capacidad ganada con DVB-T2 con el simulcast previo es desarrollo reglamentario de esa regla, no contradicción.
Hay cobertura de colaboración reglamentaria. La DF 7ª.Uno LGCA habilita al Gobierno para «las disposiciones necesarias para la ejecución y desarrollo» de la ley, y la DF 5ª LGTel hace lo mismo en telecomunicaciones. El Plan Técnico Nacional de la TDT y su transición tecnológica son materia típica de planificación técnica del dominio público radioeléctrico, de competencia estatal (art. 149.1.21.ª CE). La jurisprudencia admite reglamentos ejecutivos que concretan aspectos técnicos y transitorios sin reserva de ley estricta, pues no se trata de sanciones ni de limitaciones de derechos fundamentales.
La reserva de ley en materia audiovisual y de dominio público es relativa. La regla de fondo (límite de servicios por licencia, art. 28.4 LGCA) ya está en la ley, y el reglamento solo gestiona su transición.
El Preámbulo (principios de necesidad y proporcionalidad, audiencia e información pública, informe de la CNMC y dictamen del Consejo de Estado) respalda la razonabilidad del mecanismo. El dictamen favorable del Consejo de Estado suele pesar mucho en el control de legalidad.

Quién podría usarlo

Solo un prestador o un tercero afectado (otro usuario de la capacidad de RGE2, un competidor o un operador de red) podría atacarlo, por recurso indirecto (art. 26 LJCA) contra un acto de aplicación, por ejemplo la orden del art. 8.4 o la toma de razón de la comunicación del acuerdo por la Secretaría de Estado. Dada la voluntariedad del mecanismo y que el plazo de recurso directo ya habrá vencido, el incentivo para impugnarlo es bajo.

Pendiente de comprobar

Texto íntegro de los arts. 7 y 8 y de la DT 3ª del RD 250/2025: si la habilitación de 5 canales HD figura realmente en los títulos habilitantes o solo se crea en el reglamento, y cómo se articula la modificación de títulos.
Preceptos de la LGTel 11/2022 sobre planes técnicos nacionales y gestión del dominio público radioeléctrico, y disposiciones transitorias de la LGCA sobre la TDT. No se aportaron y son la cobertura legal más relevante.
Si el RD 250/2025 ha sido recurrido directamente ante la Sala Tercera del TS, y el sentido de la sentencia o auto, incluidas medidas cautelares, y si se impugnó la DT 7ª en particular.
Título de los operadores sobre RGE2: reparto de capacidad entre RTVE y los prestadores privados, y si el apartado 2 afecta a derechos de terceros.
Jurisprudencia del TS sobre reglamentos de planificación técnica del espectro y TDT (por ejemplo, anteriores planes técnicos y migraciones de dividendo digital) y sobre la inexistencia de derechos adquiridos frente a cambios de planificación radioeléctrica.
Alcance de la corrección de errores (BOE núm. 112, 9 de mayo de 2025, BOE-A-2025-9102), que redactó el apartado 2, y si el cambio afecta a la relación con el art. 7.
Si a fecha actual (octubre de 2026) se ha comunicado algún acuerdo de evolución en RGE1, MPE2 o MPE3, o se ha dictado la orden del art. 8.4, lo que determinaría si existe un acto de aplicación impugnable.