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Real Decreto 450/2026 · Artículo 6

Real Decreto 450/2026, de 3 de junio, por el que se establece el marco para la implantación de los sistemas inteligentes de transporte (SIT) en el sector del transporte por carretera y para las interfaces con otros modos de transporte, y por el que se modifica el Reglamento General de Circulación, aprobado por el Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre.

Probablemente válido

En el BOE: Artículo 6 ↗
Norma: Real Decreto · 03/06/2026 · Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes
Tipo: Obligación

Argumento de nulidad

El art. 6.4 impone un deber coercitivo («deberán comunicar») a sujetos privados («operadores de transporte de viajeros, proveedores de servicios de movilidad, las entidades y demás proveedores de datos, aplicaciones y servicios»), que pueden tener que ceder datos de valor comercial. Ninguna de las normas con rango de ley aportadas lo ampara. La DF 2.ª.1 RDL 6/2015 solo permite desarrollar «esta ley», y el texto aportado no regula sistemas inteligentes de transporte ni obligaciones de suministro de datos. La DF 3.ª RDL 6/2015 enumera habilitaciones específicas al Ministro del Interior y ninguna se refiere a esto. La Ley 37/2007 regula la reutilización de información del sector público y no obliga a particulares. El preámbulo cita como única base la Directiva y el art. 149.1.21.ª CE. Una directiva requiere una norma nacional con rango suficiente para vincular a los particulares, y el título competencial no sustituye a la ley. Además, el apartado 4 remite a orden ministerial los «mecanismos y requisitos de comunicación» sin parámetros materiales mínimos (formato, frecuencia, límites por secreto empresarial, protección de datos o compensación), lo que vacía de contenido la obligación en la norma que la crea. El art. 129.4 Ley 39/2015 exige que la atribución directa a ministros sea excepcional y esté justificada en la ley habilitante, y aquí no hay ley habilitante a la que referirla. Esto vulnera la jerarquía normativa (art. 128.2 Ley 39/2015, art. 9.3 CE) y la reserva de ley del art. 53.1 en relación con el art. 38 CE.

Texto legal clave

DF 2.ª.1 RDL 6/2015: «Se habilita al Gobierno para dictar las disposiciones necesarias para desarrollar esta ley»; art. 129.4 Ley 39/2015: «La atribución directa a los titulares de los departamentos ministeriales [...] tendrá carácter excepcional y deberá justificarse en la ley habilitante».

Mejor defensa de la validez

El art. 6 no crea ex novo una obligación de fondo. Es una norma de transposición y ejecución de la Directiva (UE) 2023/2661, que modifica la 2010/40/UE, y de sus reglamentos delegados sobre datos de tráfico y movilidad. Estos imponen a los Estados el deber de garantizar que gestores y proveedores de servicios pongan los datos a disposición de los Puntos de Acceso Nacionales (PAN). Es una técnica de reglamento ejecutivo del Derecho de la UE, que además tiene dictamen del Consejo de Estado, como indica el propio preámbulo.
Existe una habilitación genérica suficiente. La DF 2.ª.1 RDL 6/2015 dice: «Se habilita al Gobierno para dictar las disposiciones necesarias para desarrollar esta ley». El título competencial es el art. 149.1.21.ª CE (tráfico y circulación), y el RGC ya impone a las autoridades la comunicación al PAN de Tráfico (art. 37.4). Además, la Ley 37/2007 (DF 2.ª) habilita al Gobierno para su desarrollo, y el anexo II califica los datos como de alto valor.
La reserva de ley del art. 38 CE es relativa (art. 53.1 CE). La jurisprudencia admite la colaboración reglamentaria cuando la ley fija el marco, y aquí lo fijan la normativa de la UE y la legislación de tráfico. Comunicar datos técnicos y de infraestructura a un punto de acceso no es una limitación esencial de la libertad de empresa. No se tipifican infracciones ni se imponen prestaciones patrimoniales (arts. 25.1 y 31.3 CE), por lo que no hay un núcleo sancionador o recaudatorio que exija ley formal.
Los destinatarios son en su mayoría entes públicos, titulares o gestores de infraestructuras, concesionarios y operadores sujetos a contratos o autorizaciones de servicio público. La obligación puede apoyarse en su relación jurídica especial con la Administración, no en una intromisión general sobre particulares.
La remisión a orden ministerial se limita a «mecanismos y requisitos de comunicación», es decir, aspectos técnicos y formales (formato, canal, calendario). La jurisprudencia admite esta colaboración cuando el RD fija el contenido sustantivo, que aquí es el anexo II, los plazos, los sujetos y los principios del art. 3. El art. 129.4 Ley 39/2015 se refiere a habilitaciones que contiene una ley a favor de ministros, no a remisiones de un real decreto a una orden de desarrollo técnico. Además, el RGC (DF 2.ª) ya faculta al Ministro del Interior para su desarrollo.

Quién podría usarlo

Un proveedor privado de servicios o datos de movilidad (aplicación de navegación, operador, concesionaria) al que se le exija suministrar datos mediante una orden ministerial de desarrollo o un acto de aplicación podría impugnar ese acto y, de forma indirecta (art. 26 LJCA), el art. 6 por falta de cobertura legal. El plazo para el recurso directo contra el real decreto ya ha vencido (2 meses desde su publicación, con el mes de agosto inhábil). Quedan la impugnación directa de la futura orden ministerial y el recurso indirecto contra actos de aplicación.

Pendiente de comprobar

Si la Ley 9/2025, de 3 de diciembre, de Movilidad Sostenible, que figura como modificadora del art. 8 RDL 6/2015, u otra ley (Ley 37/2015 de Carreteras, LOTT, art. 5 RDL 6/2015) contiene una habilitación o regulación expresa de los datos de movilidad y de los PAN, porque esto resolvería el caso a favor de la validez.
El texto exacto de los reglamentos delegados de la UE (en particular el Reglamento Delegado (UE) 2022/670 y los demás de las Directivas ITS) y de la Directiva 2023/2661, para ver a quién obligan directamente (Estados, gestores o proveedores). Si obligan directamente a los particulares, la crítica pierde fuerza.
El dictamen del Consejo de Estado y la Memoria del Análisis de Impacto Normativo (MAIN), por si analizan expresamente el rango de la norma y la habilitación para obligar a privados.
El anexo II y el art. 3 del RD, para ver qué datos concretos se exigen a privados, si afectan a secretos empresariales o a datos personales, y si existe régimen sancionador en otra norma.
La jurisprudencia de la Sala Tercera sobre la remisión a orden ministerial en reglamentos ejecutivos (límite de la colaboración reglamentaria) y sobre la transposición de directivas por reglamento cuando afecta a particulares. Dos puntos a verificar son si la orden ministerial puede exigir sujetos o contenidos nuevos, y si el RD puede habilitar a ministros sin base legal específica (art. 129.4 Ley 39/2015, art. 24 Ley 50/1997).
La fecha de publicación en el BOE del RD 450/2026 y de las órdenes ministeriales de desarrollo, para el cómputo de plazos del art. 46 LJCA y la posibilidad del recurso indirecto.