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Orden TED/966/2026 · Artículo 27

Orden TED/966/2026, de 15 de septiembre, por la que se crea un mercado de capacidad en el sistema eléctrico peninsular español.

Dudoso

En el BOE: Artículo 27 ↗
Norma: Orden · 15/09/2026 · Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
Tipo: Sanción

Argumento de nulidad

El art. 27 califica expresamente las obligaciones de pago como de 'naturaleza disuasoria' y las vincula a incumplimientos de obligaciones de provisión y de pruebas, con un recargo multiplicador (K1 = K2 = 1,2) sobre el valor de adjudicación: es decir, una consecuencia gravosa que excede la mera restitución del valor del servicio no prestado (Pinc x PrecioMS ya lo compensaría) y añade un plus punitivo del 20 %; además, la activación fallida de pruebas llega a exigir el 100 % del precio de la potencia asignada (OPINCSCAP4 = –Psub x PrecioMS x K2). Ese componente aflictivo exige cobertura legal conforme al art. 25.1 CE y a los arts. 27 y 29 Ley 40/2015 (reserva de ley para tipificar infracciones y sanciones; el reglamento solo puede especificar o graduar). La Ley 24/2013 regula un régimen sancionador completo (arts. 63-67) con tipos y cuantías, y art. 66.2 tipifica como leve los incumplimientos de los Procedimientos de Operación que no perjudiquen el sistema; la orden crea un segundo régimen punitivo paralelo, con cuantías propias, sin tipificación legal ni garantías del procedimiento sancionador (art. 63 Ley 24/2013 limita las sanciones a las infracciones 'tipificadas en esta ley'). Además, concurre riesgo de bis in idem con los arts. 65.4/66.2. La única cobertura aportada, el art. 14.5, no figura transcrita en el texto aportado (se corta antes) y el art. 14.1-2 habla de retribución e ingresos, no de penalizaciones disuasorias.

Texto legal clave

Art. 63.1 Ley 24/2013: «Constituyen infracciones administrativas las acciones y omisiones tipificadas en esta ley.» / Art. 27 Orden: «Estas obligaciones de naturaleza disuasoria podrán derivarse de incumplimientos de la disponibilidad de la potencia firme asignada...»

Mejor defensa de la validez

Las obligaciones de pago del art. 27 no son sanciones en sentido propio sino consecuencias económicas contractuales/retributivas inherentes a un servicio voluntario (mecanismo de capacidad al que se concurre por subasta): el proveedor asume ex ante la obligación de firmeza y las penalizaciones forman parte de las condiciones de adjudicación. Es una cláusula de equilibrio económico del mecanismo, similar a penalizaciones de servicios de ajuste o de la retribución regulada, no ius puniendi.
La Ley 24/2013 art. 14.5 (citado en el preámbulo como habilitación, desarrollado por la orden) y el art. 14.1-2 permiten fijar retribución y los ingresos 'derivados de la aplicación de lo dispuesto en la presente ley y su normativa de desarrollo' con criterios objetivos e incentivos de calidad de suministro; la colaboración reglamentaria en materia técnico-económica del sector eléctrico es amplia y la jurisprudencia del TS la admite con mayor intensidad que en materia sancionadora.
La reserva de ley del art. 25 CE exige tipificación en ley solo para sanciones administrativas en sentido estricto; las penalizaciones de mercado calculadas mediante fórmula (Psub, PrecioMS, K) tienen finalidad compensatoria y de incentivo, no de castigo por conducta antijurídica, y están sometidas a verificación objetiva (potencia incumplida medida).
Los incumplimientos de procedimientos de operación ya están tipificados en la propia ley (arts. 65.4, 66.2 y 64.8 sobre incumplimiento de requerimientos del operador del sistema y Procedimientos de Operación); el art. 27 no crea infracciones nuevas, sino que cuantifica consecuencias económicas contractuales paralelas, sin impedir la potestad sancionadora legal.
Los parámetros K1 y K2 (1,2) son coeficientes de ajuste técnico-económico, moderados (20 % de recargo) y proporcionales, lo que refuerza el carácter de incentivo y no punitivo; el cálculo es mecánico y no deja discrecionalidad.
El carácter 'no acumulativo' de las obligaciones de activación y el tope vinculado al precio de adjudicación acotan la cuantía y respetan la proporcionalidad.

Quién podría usarlo

Un proveedor de capacidad (generador térmico, almacenamiento o agregador de demanda) al que se liquide una obligación de pago por indisponibilidad en horas de estrés podría recurrir la liquidación o resolución de aplicación y plantear recurso indirecto (art. 26 LJCA) contra el art. 27, alegando vulneración del art. 25 CE y ausencia de habilitación legal, con petición de devolución de las cuantías (en especial el recargo K). Un competidor o asociación sectorial también podría impugnar directamente la orden dentro de plazo.

Pendiente de comprobar

Texto íntegro y actual del art. 14.5 Ley 24/2013 (no aportado completo) y si habilita expresamente a establecer mecanismos de capacidad con obligaciones de pago por incumplimiento y su régimen económico.
Jurisprudencia de la Sala Tercera sobre naturaleza de penalizaciones económicas en mecanismos regulados (servicios de ajuste, interrumpibilidad, desvíos, garantías de subastas de renovables) y su distinción respecto a sanciones (STS sobre interrumpibilidad, incumplimiento de subastas).
Si la orden remite al procedimiento de operación y a un régimen de garantías/ejecución, y si las obligaciones se detraen vía liquidaciones del operador del sistema (naturaleza contractual/liquidatoria) o mediante procedimiento sancionador.
Disposiciones del Reglamento (UE) 2019/943 (art. 22 y mecanismos de capacidad) y Decisión de la Comisión sobre ayudas de Estado que exijan penalizaciones por indisponibilidad (puede dar cobertura de derecho de la UE).
Carácter compensatorio o punitivo del coeficiente K: si existe motivación en la memoria del análisis de impacto normativo y el informe CNMC de 27/07/2021 sobre su proporcionalidad.
Ley 40/2015 arts. 25, 27 y 29 y jurisprudencia constitucional (SSTC 42/1987, 242/2005) sobre colaboración reglamentaria en materia sancionadora.