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Real Decreto 180/2026 · Disposición transitoria única

Real Decreto 180/2026, de 11 de marzo, por el que se regula el reconocimiento del derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria con cargo a fondos públicos de las personas extranjeras que encontrándose en España no tengan su residencia legal en el territorio español.

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En el BOE: Disposición transitoria única ↗
Norma: Real Decreto · 11/03/2026 · Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes
Tipo: Restricción de derechos

Argumento de nulidad

El art. 3 ter Ley 16/2003 configura un régimen cerrado y sin plazo de antigüedad. Reconoce el derecho a las personas extranjeras no registradas «en las mismas condiciones que las personas con nacionalidad española» y condiciona la financiación pública a solo tres requisitos: (a) no tener obligación de acreditar otra cobertura, (b) no poder exportar la cobertura de origen y (c) no existir tercero obligado al pago, todos con la fórmula «siempre que dichas personas cumplan todos los siguientes requisitos». Ninguno es un periodo mínimo de residencia. Los españoles no deben acreditar dos años de residencia para ser incluidos en lista de trasplantes. El reglamento introduce así un requisito nuevo y restrictivo que no está en la ley, y lo hace en una prestación de carácter vital (arts. 15 y 43 CE) con diferencia de trato por situación administrativa (art. 14 CE). Esto vulnera además los principios de aseguramiento universal e igualdad efectiva del art. 2 Ley 16/2003, y el art. 8 bis, que sitúa la cartera básica asistencial «cubiertos de forma completa por financiación pública». Una restricción de un derecho de este calibre exige cobertura legal expresa. La remisión del art. 3 bis.1 a la «forma» de reconocimiento y control no habilita a crear condiciones materiales de acceso, y por eso el art. 47.2 Ley 39/2015 y el art. 129.4 (coherencia con el ordenamiento) apuntan a la nulidad si no existe una habilitación específica en el RDL 7/2018. Hay además una paradoja: se exige acreditar «residencia» a personas definidas por carecer de residencia legal, lo que agrava la desproporción (art. 129.3). Nota: el triaje afirma que el preámbulo del RD declara no exigir antigüedad mínima, pero ese pasaje no figura en el fragmento aportado, así que no puedo apoyar el ataque en esa incoherencia interna sin verlo.

Texto legal clave

Art. 3 ter.1 Ley 16/2003: «Las personas extranjeras no registradas ni autorizadas como residentes en España tienen derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria en las mismas condiciones que las personas con nacionalidad española»; art. 3 ter.2: «siempre que dichas personas cumplan todos los siguientes requisitos» (a, b y c, sin periodo de residencia).

Mejor defensa de la validez

La disposición es transitoria y se autoextingue: «quedará sin efecto en el momento de entrada en vigor de la orden recogida en la disposición final segunda del Real Decreto-ley 7/2018». Esa remisión indica que el propio RDL 7/2018 (norma con rango de ley) prevé una orden ministerial sobre el acceso a la lista de espera de trasplantes. Si la DF 2ª RDL 7/2018 contempla ese desarrollo, el reglamento solo fija un régimen provisional hasta que se dicte la orden. Este es el argumento decisivo y el texto no está en el material aportado.
El art. 3 bis.1 Ley 16/2003 remite a desarrollo reglamentario la «forma» de reconocer y controlar el derecho, y el art. 3 ter.3 encomienda a las CCAA el procedimiento y el documento acreditativo. Eso permite una colaboración reglamentaria en materia de acreditación documental.
La inclusión en lista de espera de trasplantes no es solo un derecho de acceso a la asistencia. Es una decisión de asignación de un recurso escaso e indivisible (órganos), regulada por la legislación específica de trasplantes (Ley 30/1979 y RD 1723/2012, no aportadas). Los criterios de acceso y reparto tienen un componente técnico-organizativo en el que la jurisprudencia admite un margen reglamentario amplio.
El art. 3 ter.1 reconoce el derecho «en las mismas condiciones» que a los españoles, pero el art. 3 ter.2 y el art. 8 no excluyen que la cartera común (aprobada por RD, art. 8.3) module condiciones de acceso a técnicas concretas. El RD se dicta además al amparo del art. 149.1.16.ª CE (bases y coordinación general de la sanidad).
No excluye de la asistencia sanitaria general, sino de un concreto procedimiento de alta complejidad. Es un requisito temporal y objetivo (dos años, acreditable por empadronamiento o por otros documentos del art. 2.4.b), no una exclusión absoluta, y la propia norma lo sujeta a plazo de caducidad. Puede argumentarse que cumple el principio de proporcionalidad del art. 129.3 Ley 39/2015 y que la STC 139/2016 avala un margen amplio del legislador en esta materia.
El Gobierno ejerce potestad reglamentaria ejecutiva con dictamen del Consejo de Estado (según el preámbulo). Eso refuerza la presunción de legalidad y dificulta la tesis de una extralimitación manifiesta.

Quién podría usarlo

Se beneficiaría una persona extranjera sin residencia legal con patología que requiere trasplante, a la que se deniegue o difiera la inscripción en lista por no acreditar dos años. Podría impugnar la denegación (o su silencio) y solicitar la nulidad del precepto por la vía del recurso indirecto del art. 26 LJCA, o plantear cuestión de ilegalidad (art. 27 LJCA). El plazo del recurso directo (2 meses desde la publicación del RD en el BOE, marzo de 2026) ya habría vencido a 30-10-2026. Con legitimación colectiva, también podrían servirse de ello ONG y organizaciones sanitarias o de derechos de migrantes que acompañen casos individuales.

Pendiente de comprobar

Texto vigente de la DF 2ª del RDL 7/2018 y de la orden que prevé. Si la DF 2ª habilita expresamente un régimen de acceso a trasplantes, la tesis de nulidad se debilita mucho. Si solo prevé un desarrollo genérico, se refuerza.
Si el requisito de dos años ya figuraba en una disposición previa (p. ej., RD 1192/2012 u otras) y qué rango o habilitación tenía. Comprobar el contenido de las disposiciones adicionales derogadas del RD 1192/2012 que se incorporan a este RD.
Pasaje del preámbulo del RD 180/2026 sobre la ausencia de antigüedad mínima: el fragmento aportado no lo contiene y el triaje lo da por cierto. Verificar en el BOE-A-2026-5714.
Legislación de trasplantes (Ley 30/1979, RD 1723/2012, cartera común de servicios RD 1030/2006) y si fija criterios de acceso a lista o de asignación que puedan servir de cobertura legal.
LO 4/2000, art. 12, y su régimen de asistencia sanitaria a extranjeros, como posible norma contradictoria o complementaria.
Jurisprudencia del TS sobre reglamentos que restringen derechos sanitarios sin cobertura legal (anulación de reglamentos praeter legem). Jurisprudencia constitucional aplicable: SSTC 139/2016 y 134/2017 (RDL 16/2012) sobre el alcance del art. 43 CE y la exclusión de extranjeros en situación irregular.
Existencia de dictamen del Consejo de Estado y su contenido sobre esta disposición transitoria, así como del informe del CISNS y de la ONT.
Si ya se ha dictado la orden de la DF 2ª RDL 7/2018 a 30-10-2026 (en cuyo caso la disposición transitoria habría quedado sin efecto y el litigio perdería objeto o se limitaría a actos del periodo intermedio).
Versión de la Ley 16/2003 vigente en la fecha de los actos de aplicación (hay una numeración duplicada del apartado 2 en el art. 3 ter reproducido, a verificar contra el BOE consolidado).