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Real Decreto 264/2026 · Artículo 9

Real Decreto 264/2026, de 1 de abril, por el que se aprueban los Estatutos de la Real Academia Nacional de Medicina de España.

Probablemente válido

En el BOE: Artículo 9 ↗
Norma: Real Decreto · 01/04/2026 · Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades
Tipo: Sanción

Argumento de nulidad

El art. 9 anuda a un «incumplimiento de sus obligaciones reglamentarias», sin tipificar y remitido a normas internas, una consecuencia gravosa. El Académico pierde su plaza de Número (que «será convocada para ser cubierta» por otra persona), pierde el voto y pierde la elegibilidad a cargos directivos. La técnica es una ficción de voluntariedad («se entenderá que ... opta de forma automática»), que en realidad opera como una sanción automática. No hay procedimiento, audiencia, motivación ni graduación. El supuesto de hecho es abierto e indeterminado (cualquier incumplimiento «reglamentario»), lo que choca con la tipicidad (art. 25.1 CE; arts. 25.1 y 27.1-2 Ley 40/2015), con la proporcionalidad (art. 29) y con la seguridad jurídica (art. 9.3 CE). Si se califica como medida disciplinaria o sancionadora, ninguna ley aportada la habilita, y un reglamento no puede crear por sí solo infracciones y sanciones. Eso lo haría nulo conforme al art. 47.2 Ley 39/2015 («regulen materias reservadas a la Ley»). Además, el pase automático elude la garantía de audiencia del art. 24 CE. El plazo de dos años para las Electas parece incoherente con el art. 15 (según el triaje), lo que agrava la inseguridad jurídica.

Texto legal clave

«La potestad sancionadora de las Administraciones Públicas se ejercerá cuando haya sido expresamente reconocida por una norma con rango de Ley» (art. 25.1 Ley 40/2015); «Sólo constituyen infracciones administrativas las vulneraciones del ordenamiento jurídico previstas como tales infracciones por una Ley» (art. 27.1).

Mejor defensa de la validez

Naturaleza del acto: los Estatutos de una Real Academia son una norma de organización interna. Regulan categorías de miembros, plazas y órganos, y no establecen deberes generales de la ciudadanía. El propio preámbulo afirma que la norma no afecta «en forma alguna a los derechos y deberes de la ciudadanía». La reserva de ley del art. 25.1 CE opera con mucha menor intensidad en las relaciones de sujeción especial o de organización interna. Un reglamento organizativo no necesita habilitación legal específica.
No es una sanción en sentido propio. El pase a Supernumerario es un cambio de estatus asociativo-corporativo, no un castigo. No hay multa, privación de libertad ni inhabilitación profesional. El Supernumerario conserva «todas las prerrogativas» del Académico de Número y pierde solo el voto y la elegibilidad a cargos directivos. Tampoco hay pérdida de la condición de Académico.
Base normativa suficiente: el art. 25.1 de la Ley 40/2015 solo exige rango de ley para el ejercicio de la «potestad sancionadora de las Administraciones Públicas». La aportación no acredita que la Academia actúe aquí como Administración Pública ni que ejerza esa potestad. La DA 2.ª del RD 1160/2010 prevé que los Estatutos de las Academias de ámbito nacional se aprueben por Real Decreto del Gobierno, y que contengan los «derechos y deberes de los académicos y académicas» y la «organización». El art. 9 encaja en ese contenido mínimo.
Institución tradicional: el régimen de numerarios y supernumerarios es histórico en las Academias, y es plausible que el precepto reproduzca el de los Estatutos anteriores (RD 750/2011). Ello refuerza su carácter de configuración organizativa y no de tipificación novedosa.
La contradicción con el art. 15 (uno o dos años) sería, en todo caso, una antinomia interna entre preceptos del mismo rango y la misma norma. Se resuelve por interpretación sistemática (especialidad, cronología) y no genera nulidad por infracción de norma superior (art. 47.2 Ley 39/2015). Además, el art. 15 no consta en la aportación y no puede verificarse.
Las garantías procedimentales (audiencia, motivación) se exigen en el acto de aplicación, que puede impugnarse por defectos propios. No hacen nulo el precepto estatutario, que puede completarse con el régimen de procedimiento previsto en otras normas de la Academia.

Quién podría usarlo

Un Académico de Número desplazado a Supernumerario, o un Electo afectado por el plazo, podría impugnar el acuerdo de la Academia que aplique el art. 9 y alegar la ilegalidad del precepto por vía indirecta (art. 26 LJCA). Presumiblemente el plazo de recurso directo (2 meses desde su publicación en abril de 2026) ya ha vencido, de modo que esa sería la vía realista. Un candidato que aspire a la plaza vacante tendría un interés legítimo menos claro.

Pendiente de comprobar

Si el contencioso-administrativo es competente: las Academias son corporaciones de Derecho público y sus actos solo son fiscalizables en la medida en que ejerzan funciones públicas (art. 1.2 LJCA). Si la pertenencia y el estatus académico se consideran internos o asociativos, el acto de aplicación podría quedar fuera de la jurisdicción o ser tratado como cuestión civil.
Si la Ley 40/2015, cap. III, es aplicable a la Academia (art. 2 Ley 40/2015: régimen de las corporaciones de Derecho público) y si la Academia ejerce potestad sancionadora o solo potestad organizativa.
Si el art. 9 reproduce literalmente el texto de los Estatutos de 2011 (RD 750/2011), y si hubo impugnaciones o pronunciamientos judiciales sobre el pase a supernumerario.
El texto íntegro del art. 15 y de los preceptos sobre pérdida de la condición de Electo, obligaciones de los Académicos y régimen disciplinario o de procedimiento, que no constan en la aportación. Sin ellos no se puede confirmar la contradicción alegada ni las garantías procedimentales.
Jurisprudencia del TC y del TS sobre reserva de ley y tipicidad en relaciones de sujeción especial y en corporaciones de Derecho público (colegios profesionales), y sobre cuándo una medida estatutaria de pérdida de derechos asociativos se considera sanción.
La fecha exacta de publicación en el BOE y de entrada en vigor, para computar la caducidad del recurso directo, y la versión consolidada vigente de las normas citadas.
Que la aportación legal es impertinente en gran parte: incluye artículos de la Ley 40/2015 ajenos a la cuestión y no contiene ninguna ley específica sobre Academias. No hay norma con rango de ley que regule las Academias, lo que limita la valoración.