← Casos · Silencio negativo

Real Decreto 1955/2000 · Artículo 138

Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.

Probablemente válido

En el BOE: Artículo 138 ↗
Norma: Real Decreto · 01/12/2000 · Ministerio de Economía
Cobertura: Ley sectorial

Procedimiento

autorización de cierre de una instalación de energía eléctrica

Cobertura legal encontrada

Sí. (1) Disposición adicional tercera de la Ley 54/1997 (reproducida en la DA 3.ª de la Ley 24/2013): las solicitudes de resoluciones administrativas que deban dictarse conforme a la ley «se podrán entender desestimadas si no recae/se notifica resolución expresa en el plazo que al efecto se establezca en sus disposiciones de desarrollo». El art. 138.1 RD 1955/2000 fija precisamente ese plazo (tres meses), por lo que el reglamento se limita a ejecutar una remisión legal. (2) Arts. 21.3, 36.3 y 40.3 Ley 54/1997 (producción, transporte y distribución): la falta de resolución expresa de las solicitudes de autorización «tendrá efectos desestimatorios», con recurso ordinario. Estos preceptos cubren el cierre si los apartados 1 de cada artículo someten a autorización el «cierre» de la instalación, extremo que debe verificarse porque el texto aportado está truncado. (3) La DA 4.ª Ley 25/2009 conserva los silencios desestimatorios fijados por ley antes de 2009.

Razonamiento del modelo

El RD 1955/2000 es posterior al 14-4-1999, así que no le vale la DT 1.ª.3 de la Ley 4/1999 y necesita cobertura en una norma con rango de ley. La tiene en el propio sector eléctrico: la Ley 54/1997 (art. 21.3, 36.3, 40.3 y DA 3.ª) establece el silencio desestimatorio para las autorizaciones de instalaciones y habilita al desarrollo reglamentario para fijar el plazo. La Ley 24/2013 mantiene la misma regla en su DA 3.ª, que sigue vigente y es de rango legal. Por eso el art. 138.1 no innova el sentido del silencio, solo concreta el plazo. No es relevante el anexo 2 de la Ley 14/2000, que no menciona este procedimiento, ni hace falta recurrir a la excepción del párrafo segundo del art. 24.1, que encajaría mal (el cierre no transfiere facultades sobre dominio público y solo de forma forzada se vincularía al servicio público o al medio ambiente). El único flanco serio es la exigencia de «razones imperiosas de interés general» del art. 24.1 para procedimientos de acceso a actividades o su ejercicio. Cabe sostener que el cierre es cese y no acceso y que la seguridad de suministro es una razón imperiosa. Un reglamento sin cobertura no sería nulo por esta vía aquí, porque sí hay ley.

A quién beneficiaría

La Administración (DG de Política Energética y Minas), que evita que una autorización de cierre o desmantelamiento se produzca por mera inactividad, y con ello el sistema eléctrico (seguridad de suministro, garantía de las obligaciones de desmantelamiento). Perjudica al titular que quiere cerrar, que solo puede recurrir.

Pendiente de comprobar

Redacción íntegra de los apartados 1 de los arts. 21, 36 y 40 Ley 54/1997 (y de su equivalente en el art. 53 Ley 24/2013): confirmar que el «cierre» está sometido a autorización y, por tanto, comprendido en el apartado 3 sobre silencio.
Si el art. 138 se aplica a instalaciones de producción, transporte o distribución, y si alguna de ellas queda cubierta por otra regla (p. ej. régimen especial, instalaciones nucleares: DA 3.ª).
Si el silencio negativo del art. 138.1 se aplica a un 'cierre' de instalaciones cuya autorización corresponde a una CCAA (la DF 1.ª.2 quita el carácter básico del Título VII en esos casos) y si la normativa autonómica dispone otra cosa.
Jurisprudencia del TS sobre silencio negativo en autorizaciones eléctricas y sobre la exigencia de razones imperiosas de interés general en el art. 24.1 Ley 39/2015 y la Directiva 2006/123/CE (alcance respecto a servicios energéticos).
Que no haya una modificación posterior del art. 138 o del Título VII (por RD 1048/2013, RD 1955/2000 modificado, RD 337/2014, etc.) o de la Ley 24/2013 que cambie el sentido o el plazo.