§ Exploits legales en el BOE

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Real Decreto 963/2013 · Artículo 12

Real Decreto 963/2013, de 5 de diciembre, por el que se fijan las tripulaciones mínimas de seguridad de los buques de pesca y auxiliares de pesca y se regula el procedimiento para su asignación.

Probablemente válido

En el BOE
Artículo 12 ↗
Norma
Real Decreto · 05/12/2013 · Ministerio de la Presidencia
Cobertura
Anexo 2 Ley 14/2000

Procedimiento

Asignación de tripulación mínima de seguridad a buques de pesca y auxiliares de pesca (procedimiento regulado en el artículo 10 del Real Decreto 963/2013)

Cobertura legal encontrada

Anexo 2 de la DA 29.ª de la Ley 14/2000, que incluye expresamente la fila «Procedimiento sobre autorización de tripulaciones mínimas de seguridad. Ley 27/1992, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, y Orden Ministerial de 14 de julio de 1964». El art. 12 del RD 963/2013 remite precisamente a la DA 29.ª, apartado 2, de esa ley. La fila no aparece marcada como «(Derogado)» en el texto aportado. El silencio negativo se mantiene además por la DA 4.ª de la Ley 25/2009, que conserva los silencios negativos fijados por ley antes de 2009.

Razonamiento del modelo

El art. 24.1 de la Ley 39/2015 permite el silencio negativo cuando lo establece una norma con rango de ley, y el Anexo 2 de la Ley 14/2000 lo es. Ese anexo recoge de forma específica y literal el procedimiento de autorización de tripulaciones mínimas de seguridad, por lo que el art. 12 del RD 963/2013 no innova: reproduce un silencio negativo ya fijado por ley y se limita a remitirse a él. La referencia a la Ley 27/1992 (hoy sustituida por el RDL 2/2011) y a la Orden de 1964 (derogada parcialmente por este RD) no priva de cobertura, porque el anexo identifica el procedimiento por su objeto y no por la norma reguladora. Es previsible la exigencia del art. 24.1 de fundar el silencio negativo en razones imperiosas de interés general cuando el procedimiento afecta al acceso a una actividad. Aquí se cumpliría con la seguridad marítima y la protección de la vida humana en el mar y de los trabajadores, y la DA 4.ª de la Ley 25/2009 blinda los silencios negativos anteriores. El riesgo de nulidad es residual y solo se daría si la fila hubiera sido derogada por la Ley 8/2025 o el RDL 14/2022, lo que no consta.

A quién beneficiaría

La Administración marítima (Dirección General de la Marina Mercante y Capitanías Marítimas), que evita la estimación presunta de dotaciones mínimas de seguridad sin control técnico previo. Los armadores quedan en peor posición, pues solo obtienen la vía de recurso.

Pendiente de comprobar